La extradición de detenidos y detenidas políticas: Nueva violación a la soberanía nacional y popular
Miércoles, 30 de Septiembre de 2009
Para una inmensa mayoría de los colombianos, la extradición es identificada como una figura jurídica que lejos está de afectarle, pues siempre se ha creído que solo puede ser aplicada a narcotraficantes y últimamente a guerrilleros o paramilitares. Pero lo cierto es que cada vez son más los ciudadanos nacionales del común pedidos en extradición para ser juzgados principalmente en estrados estadounidenses y varias de esas solicitudes han sido ya concedidas por el Gobierno colombiano.
Uno de los casos más representativos fue el de Gabriel Consuegra (padre e hijo) quienes en el 2007 fueron llevados al país del norte por narcotráfico y lavado de activos, cuando paradójicamente vivían en Barranquilla en condiciones de evidente pobreza, dedicados a la venta de plátano en el mercado . En el primer semestre de este año sufrieron esta medida, las detenidas Luz Mery Gutiérrez y Ana Isabel Peña Arévalo, del Departamento del Meta, acusadas de apoyar a las FARC, extendiéndose pedidos similares en contra de muchos pobladores a quienes la justicia colombiana ha investigado por sus presuntos vínculos con organizaciones rebeldes.
Pero la persecución por este tipo de acusaciones no solamente se realiza en territorio nacional; en abril de 2009, el gobierno Panameño, sin fórmula de juicio, ordenó la “entrega condicionada” de tres colombianos, por los mismos cargos; hoy Yarley Bañol, Alexis Mosquera y Jorge Ibargüen, oriundos del Chocó, enfrentan por ello un proceso judicial en los Estados Unidos.
Casi en secreto se han abierto puertas peligrosas a la extradición, lo que ha dejado ver nuevamente el alto grado de dependencia del Estado colombiano respecto de los intereses y políticas imperialistas, principalmente de los Estados Unidos. Esta medida se suma a otras tantas que se imponen so pretexto de la lucha global contra el terrorismo y el narcotráfico, que en la práctica buscan concretamente garantizar el mantenimiento del poderío político, económico y militar del imperialismo norteamericano en el mundo.
La extradición masiva de colombianos, la implantación de bases militares en territorio nacional, la ingerencia directa de empresas transnacionales en las políticas laborales y de inversión, al igual que la criminalización de la oposición y el encarcelamiento de un cada vez mayor número de trabajadores del campo y la ciudad de nuestro país, son caras de una misma moneda: son en últimas armas de guerra que pretenden eliminar cualquier obstáculo que impida la imposición de estos intereses hegemónicos en el planeta. Por lo tanto, la extradición que pareciera ser ajena a la vida de cualquier ciudadano en el territorio nacional, es un peligro latente que afecta a todos.
Esta violación a la soberanía de los pueblos se torna más grave hoy en día, cuando se condena y persigue a intelectuales, luchadores sociales, sindicalistas, defensores y defensoras de derechos humanos y a toda persona que tenga un pensamiento crítico. Por esta razón oponerse a la extradición de los presos políticos, es oponerse al intervencionismo imperialista y reivindicar la Soberanía Nacional y la autodeterminación de los pueblos, como componentes fundamentales de una vida digna y un país en paz.
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Campaña nacional e internacional contra la extradición de los presos políticos

